El 3 de octubre de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la demanda de dos jóvenes procedentes de Malí y Costa de Marfil que fueron expulsados de Melilla en agosto de 2014. Esta sentencia sin precedentes es la última prueba de que estas prácticas conocidas como “devoluciones en caliente” y habituales en la frontera sur española, son claramente ilegales y vulneran el derecho humano a solicitar asilo. En los próximos meses, el Congreso de los Diputados tiene previsto reformar la Ley de Seguridad Ciudadana.
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado quieren impulsar una petición para eliminar la enmienda que ha modificado la Ley de Extranjería y que trata de dar apariencia de legalidad a estas devoluciones ilegales y se ponga fin de una vez a las mismas.
Por ello, desde ActivaT Abogad@s apoyamos esta petición para detener esta práctica que pone en riesgo la vida de miles de personas.