Yuveli Muñoz – Abogada colombiana Defensora de Derechos Humanos. Vicepresidenta de Activat en DDHH
Panorama global del fenómeno migratorio
Cualquier aproximación hacia el fenómeno migratorio debe partir de la premisa de que se trata de un fenómeno estructural atravesado por, y que a su vez atraviesa, múltiples factores sociales, económicos, políticos y culturales. Es, asimismo, un fenómeno general en el cual participan personas de todo tipo de condición, estatus u origen social. No en vano, la definición de migración asumida por la Organización Internacional para las Migraciones, adscrita a Naciones Unidas, es tan sumamente amplia como cualquier «movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual»
Actualmente se calcula un número total 244 millones de personas migrantes a nivel mundial, lo que se traduce en un 3,3% de la población global. La realidad del fenómeno migratorio difiere enormemente entre distintas regiones y países del globo.
Desde el punto de vista socioeconómico, la migración ha demostrado ser un fenómeno positivo en todos los estudios de impacto serios realizados hasta la fecha. El impacto económico global de los movimientos de población resulta positivo, contribuyendo decisivamente al crecimiento de la economía mundial al tiempo que, en principio, ofrece la oportunidad de mejorar su situación vital, afectada por una gran cantidad de posibles factores como la imposibilidad de contar con un trabajo, la amenaza a la propia vida por conflictos o persecución e, incluso, en la actualidad de forma reconocida a nivel internacional, por los efectos del cambio climático. Los principales beneficiarios de este impacto económico positivo resultan ser los países acogedores de población. Un volumen considerablemente mayoritario de las personas que migran internacionalmente lo realizan en edad de trabajar. Asimismo, el principal motivo que impulsa a la migración internacional continúa siendo la voluntad de mejorar sus oportunidades laborales y, por tanto, sus condiciones de vida, en lo que se define como migración laboral.
Este factor del fenómeno migratorio condiciona una serie de impactos en la economía del país receptor. Se da un incremento del volumen de personas con edad de trabajar y, por lo tanto, un impacto directo en el volumen de población activa, una mitigación de los efectos negativos del envejecimiento de la población así como un incremento del consumo.
A pesar de estas características generalizables en el fenómeno migratorio a nivel mundial, la realidad no es en absoluto idílica. Las personas inmigrantes se enfrentan globalmente a situaciones de desamparo que las sitúa como un núcleo de población con una elevada vulnerabilidad y alto riesgo de exclusión. Las dificultades para regularizar su situación en los países de acogida y la irregularidad documental conducen con suma facilidad a situaciones de abusos e indefensión laboral. En muchos casos, la necesidad de mantener un puesto de empleo para mantener los permisos de estancia y residencia conducen a las personas migrantes a asumir puestos de empleo en muy malas condiciones, sueldos bajos y escasa capacidad de reivindicación laboral ante el riesgo permanente de pérdida de empleo. En otras ocasiones, la imposibilidad de contar con un puesto de trabajo en condiciones legales empuja los inmigrantes a asumir puestos de empleo en la economía sumergida e, incluso, en actividades ilícitas. Por último, la creciente extensión de discursos de criminalización y rechazo a la población migrante, un fenómeno de marcado y preocupante crecimiento a nivel global, incrementa las dificultades de convivencia, provocando serios conflictos sociales.
Fenómeno migratorio en España y realidad del entorno laboral
España ha venido siendo durante las últimas décadas un país con importantes flujos migratorios caracterizados por bruscos cambios de tendencia en función del contexto socioeconómico que atravesaba el país. Desde principios de la década de dos mil, una coyuntura económica favorable, marcada por oportunidades de empleo, tornó a España en un importante destino de población inmigrante, pasando de suponer apenas un 2,3% de la población en 1999, con menos de un millón de residentes extranjeros, a un 12,2% de la población, con más de 5.700.000 habitantes extranjeros en el año 2011. Desde entonces, el empeoramiento de todos los indicadores económicos y, sobre todo, el incremento exponencial del desempleo condujeron a una marcada reducción de la población de origen extranjero hasta el año 2018, que se tradujo en la pérdida de cerca de 1.300.000 habitantes extranjeros, reduciéndose el porcentaje de población inmigrante a un 9,8%.
La principal causa de la llegada de inmigrantes al país es la migración laboral, seguida de cerca por el fenómeno de turismo residencial o migración de jubilados (que supone casi un 30% del número total de residentes extranjeros en el país, un fenómeno interesante pero que no es el objeto de este artículo) y, en tercer lugar, el asilo político o refugio. Esta población inmigrante por causas laborales se enfrenta a una realidad determinada por la legislación vigente, la realidad laboral y económica del país, así como por otros factores personales como la edad, el origen cultural (que establece marcadas barreras de acceso a determinados núcleos de población a sectores laborales), la formación académica o el sexo.
El principal elemento que condiciona la realidad sociolaboral de la población inmigrante en España es el legislativo, traducido en la «Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social» (conocida popularmente como «ley de extranjería») y su desarrollo normativo. Este configura un sistema que dificulta la llegada por cauces legales a inmigrantes laborales, pero facilita su regulación a través de la obtención de un empleo. El modelo empuja a la población inmigrante a tender a la aceptación de puestos de empleo en malas condiciones, empujados por el riesgo de caer en una situación de estancia irregular que motive su expulsión por las autoridades.