Ilustración: Raúl Arias en El Confidencial

El caso Popular comenzará tras las vacaciones. La Fiscalía estudia informar a favor de admitir las querellas y denuncias y abrir varias piezas para evitar una macrocausa.

Los afectados por la resolución del Banco Popular y su venta al Santander están más cerca de reclamar sus derechos por la vía penal, en lo que algunos denominan ya caso Popular por analogía con el caso Bankia. Según fuentes conocedoras de la situación, la Fiscalía Anticorrupción informará previsiblemente al juez de la Audiencia Nacional al que ha correspondido la causa, Fernando Andreu, a favor de admitir las querellas y denuncias presentadas por bufetes y asociaciones de consumidores. Ahora bien, el Ministerio Público quiere evitar que se genere una macrocausa y, dada la gran disparidad de querellados y de posibles delitos, baraja la idea de proponer la apertura de varias piezas separadas. El criterio del fiscal marcará el inicio de una instrucción que se prevé larga.

Según fuentes consultadas, en julio se habían presentado más de 10 denuncias o querellas por este asunto, y probablemente el número se habrá incrementado desde entonces. Estas fuentes explican que la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsó la división de los grandes casos como este en piezas separadas integradas en un mismo sumario y unidad por la conexidad. La aplicación de este criterio agiliza la instrucción y permite celebrar lo antes posible el juicio oral de cada uno de estos procedimientos. Se evitarían de esto modo sumarios como el del caso Bankia, que lleva abierto desde 2012 y todavía no se ha juzgado (de hecho, aún no está claro quiénes se sentarán en el banquillo).

Sin embargo, esta agilidad puede verse comprometida porque el juzgado de Andreu, el número 4, también es el encargado de la instrucción de los atentados islamistas de Cataluña, lo cual incrementará notablemente su carga de trabajo, como es evidente. De hecho, el magistrado ha renunciado a sus vacaciones y va a solicitar más funcionarios para poder hacer frente a esta ingente actividad.

Los afectados por la resolución del Banco Popular y su venta al Santander están más cerca de reclamar sus derechos por la vía penal, en lo que algunos denominan ya caso Popular por analogía con el caso Bankia. Según fuentes conocedoras de la situación, la Fiscalía Anticorrupción informará previsiblemente al juez de la Audiencia Nacional al que ha correspondido la causa, Fernando Andreu, a favor de admitir las querellas y denuncias presentadas por bufetes y asociaciones de consumidores. Ahora bien, el Ministerio Público quiere evitar que se genere una macrocausa y, dada la gran disparidad de querellados y de posibles delitos, baraja la idea de proponer la apertura de varias piezas separadas. El criterio del fiscal marcará el inicio de una instrucción que se prevé larga.

Según fuentes consultadas, en julio se habían presentado más de 10 denuncias o querellas por este asunto, y probablemente el número se habrá incrementado desde entonces. Estas fuentes explican que la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsó la división de los grandes casos como este en piezas separadas integradas en un mismo sumario y unidad por la conexidad. La aplicación de este criterio agiliza la instrucción y permite celebrar lo antes posible el juicio oral de cada uno de estos procedimientos. Se evitarían de esto modo sumarios como el del caso Bankia, que lleva abierto desde 2012 y todavía no se ha juzgado (de hecho, aún no está claro quiénes se sentarán en el banquillo).

Sin embargo, esta agilidad puede verse comprometida porque el juzgado de Andreu, el número 4, también es el encargado de la instrucción de los atentados islamistas de Cataluña, lo cual incrementará notablemente su carga de trabajo, como es evidente. De hecho, el magistrado ha renunciado a sus vacaciones y va a solicitar más funcionarios para poder hacer frente a esta ingente actividad.

La Fiscalía también ha apreciado una dificultad añadida que aconseja la división de la causa del Popular en pequeños procedimientos vinculados: cada denunciante o querellante acusa a personas distintas y por delitos diferentes. Esta heterogeneidad hace casi inviable que se investigue todo en una única causa sin desgajar. Según las fuentes consultadas, hay querellas contra el Banco Popular, el Santander, Ángel Ron, Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el FROB, PwC (el auditor del banco), el Banco de España, los inversores bajistas e incluso algunas instituciones que retiraron sus depósitos, lo que provocó la iliquidez de la entidad.

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