Después que el pasado 7 de junio se conociera la noticia de que el Banco Popular había sido vendido por la ridícula cantidad de 1€ al Banco Santander, desde ActivaT Abogados hemos estado muy atentos a todo lo que ha sucedido en relación a este asunto porque desde luego tiene un gran calado no solo a nivel particular de los accionistas y bonistas perjudicados por la venta del Banco sino a nivel de las más alta política española y europeas, así como una connivencia por falta de actuación de los órganos judiciales de oficio para denunciar esta situación.
Antonio Segura es socio fundador de ActivaT Abogad@s y en este momento se encuentra dirigiendo el equipo de estrategia jurídica de defensa de los afectados por la venta del Banco Popular. En su prestigiosa carrera como jurista destaca el papel que ha jugado y sigue jugando al ser letrado como acusación de los procedimientos contra la corrupción más importantes de nuestro país. Destacan el Caso Bárcenas, Trama Gurtel o en el que se haya implicado actualmente y conocido como Caso Puyol. Afirma que muchas de las cuestiones que están surgiendo al calor del asunto de la venta del Popular guarda similitudes en ciertos procedimientos que ha tenido que ver en estos asuntos, por eso está prestándole toda la atención al desarrollo de los acontecimientos para diseñar la estrategia jurídica adecuada para garantizar el éxito de los perjudicados por esta operación.
Muchas son las informaciones que hemos ido conociendo y que desde han permitido que podamos hacernos un dibujo de la situación, que coloca en una posición compleja para los accionistas y bonistas del Popular y en unas expectativas de ganancia para los diferentes actores que han entrado en juego con la compra del Banco. La operación fue calificada de exitosa por el gobierno del Partido Popular y por las autoridades europeas pero parece que se empieza a generar serias dudas de lo cierto de esta afirmación teniendo en cuenta los datos de los que no se tenían conocimiento en el momento que se conoce la noticia y por supuesto, no parece nada cierta esta afirmación, para los afectados de la venta del banco, los accionistas de las últimas ampliaciones de capitales, quienes se han quedado en una situación de inseguridad.
Desde luego, la primera duda que surge en el marco de esta operación es si no existían otras alternativas a la venta del Banco ante la situación de quiebra, casi repentina (sobre todo para los accionistas del banco), en la que se encontraba el Popular. Se conoce que el Banco de España sólo le concedió 3.800 millones de los 9.500 solicitados antes de que todo empezara a ir mal, si bien el Gobernador del Banco de España afirma que el Popular no presentó los avales suficientes para conseguir el dinero que pedía, pese a que debía de contar con ellos. Emilio Saracho, el presidente del Banco en el momento de su venta, ha sido muy cuestionado durante los cuatro meses que permaneció como presidente del Popular, ya que se le reprocha que en vez de neutralizar la desconfianza que existía hacia la entidad que el mismo dirigía, permitiendo el resultado que hoy conocemos.
La explicación que se dio para realizar esta operación fue que se realizaba como consecuencia de lo dispuesto por la Junta Única de Resolución(JUR) europea, quien ordenó que se desarrollara de esta manera la operación para salvar al Popular. Justifican la decisión en una valoración del Popular emanada de un informe elaborado por Deloitte, que para quien no lo sepa es una de las más grandes consultoras privadas del mundo. Pues bien, ese informe que a día de hoy no se ha hecho público porque la JUR y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) lo tienen oculto y con acceso restringido, algo que va en contra de la propia legislación española y que, además, genera indefensión jurídica porque no se han respetado las garantías de una parte en este proceso, ya que alegan motivos de confidencialidad para hacerlo público.
De lo que se ha conocido de ese informe parece ser que estimaba que el Banco tenía un valor negativo de entre 2.000 y 8.000 millones, atendiendo a la calidad de sus activos, las provisiones inmobiliarias aún pendientes de realizar, el deterioro del fondo de comercio y el coste de las eventuales demandas de los damnificados por la liquidación del banco. Parece ser que entre las opciones que manejaba la consultora no todas eran la de la venta del banco, sin embargo, fue esta la elegida con la consecuente pérdida para los accionistas y bonitas que suponía la operación obviando sus derechos y con ello vulnerando los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico.
Surgen dudas en la falta de solvencia en la que se encontraba el Popular, pues el Banco Central Europeo, que es el prestamista de último recurso debería haberle dado liquidez, y, a partir de ese momento, podía haber seguido un procedimiento que garantizase la protección del patrimonio del Banco frente a la liquidación y garantizando por tanto el derecho de los accionistas y bonistas del Banco. Todo esto, hace pensar que existen otros intereses que hicieron que se tomara el camino que ya conocemos y que apunta a que mucho tiene que ver con la operación inmobiliaria llevada a cabo por el Santander con el Fondo Blackstone.
En esta operación entre la entidad dirigida por Ana Botín y el Fondo norteamericano, quien cuenta en su consejo de administración con Jose Maria Azanar Botella y quien se encuentra judicializado por los escándalos de la adquisición de las viviendas de la EMVs en tiempos del gobierno del Partido Popular en la ciudad de Madrid, han cerrado la mayor operación del mercado mayorista inmobiliario de la historia de España con la venta del Santander al fondo el 51% del negocio inmobiliario de Banco Popular, cuya cartera incluye activos inmobiliarios y créditos por un valor bruto agregado de unos 30.000 millones de euros. Con esta operación Blackstone ha adquirido una cartera a un nivel que le permitirá rentabilizar el desembolso sin ningún tipo de problema, ganando cantidades astronómicas.
Como venimos diciendo desde el principio, los verdaderos perjudicados de toda esta operación son los pequeños ahorradores y los trabajadores de este país que confiaron en el Banco y han visto como los ahorros de su vida se han perdido por una operación de la que han sido totalmente ajenos y de la que han recibido el resultado como meros espectadores. Pues bien, ante la situación en la que se encuentran los bonistas y accionistas del Popular han recibido una oferta de sus nuevos propietarios. Lo que les ofrece, se trata de una emisión de deuda perpetua, amortizable y con un interés anual del 1%, que podrán suscribir gratuitamente en septiembre de este año quienes acudieron a la última ampliación del Popular o mantenían en su poder deuda subordinada de la emisión de 2011. Esto, que lo han llamado “bonos de fidelización” pretende reducir la litigiosidad ya que quienes los acepten no podrán iniciar ningún procedimiento contra la entidad y además se frena la mala reputación que pudiera adquirir el Banco derivadas de procesos judiciales masivos. Además, con esta oferta pretenden recuperar a los clientes que huyeron del Popular cuando estalló la crisis y evitar nuevas salidas.
Desde ActivaT, estamos preocupados por la situación ya que no nos gustaría que el asunto derivara en un caso como el fraude de las preferentes o de la salida a Bolsa de Bankia, donde también tenemos abogados trabajando en este asunto por la vía civil y en la acusación de la querella interpuesta con esta entidad. Aun así, estamos convencidos de pelear con todas las herramientas y desde las diferentes jurisdicciones para golpear de manera contundente contra esta operación que, desde luego, es oscura. Nosotros sólo somos el vehículo para alcanzar el éxito de todos los afectados por la venta del Banco Popular, aún hay tiempo para subirse a él.