Yuveli Muñoz
El pasado 29 de mayo, el Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, aprobaron el denominado Ingreso Mínimo Vital IMV; una renta básica para evitar que personas queden sin ningún tipo de recurso. Aprobada en un momento dramático por la pérdida de trabajos causados por la pandemia de coronavirus, la medida en realidad es un compromiso exigido por Unidas Podemos en el acuerdo de Gobierno de coalición, para luchar contra la pobreza.
No es el primer recurso límite dispuesto en España, ya que varias Comunidades Autónomas, el sistema de ordenación territorial del país, similar a una federación, habían establecido ya recursos y ayudas para evitar la exclusión social. Sin embargo, al depender de las distintas regiones, las ayudas eran desiguales. El País Vasco, la segunda Comunidad Autónoma por nivel de renta per cápita en España, fue pionera frente al resto de comunidades en crear una Renta de Garantía de Ingresos desde los 644 euros como cuantía mínima, con probado éxito en la reducción de los niveles de pobreza. Frente a esta, la escasa dotación de la capital, Madrid, además la región con un nivel de vida más caro del país, con un Renta Mínima de Inserción de tan solo 400 euros.
La aprobación del Ingreso Mínimo Vital se enmarca, además, dentro de toda una batería de medidas encaminadas a mantener el compromiso del gobierno de coalición con su programa social, a pesar de las circunstancias socioeconómicas derivadas de la crisis sanitaria. Las duras negociaciones adentro del ejecutivo español, que llegaron a trascender a la prensa por las discrepancias entre los ministros que abogaban por priorizar los derechos de los trabajadores y aquellos que argumentaban los efectos económicos de la pandemia para defender el interés de las grandes compañías del país, dieron como resultado un plan de choque que se bautizó por Unidas Podemos como Escudo Social. Una serie de normas en trabajo y ayudas sociales con el objetivo de evitar los efectos más dramáticos de la crisis en la clase trabajadora española.
De esta forma, la medida, que estaba llamada a recomponer el nivel de vida de las capas sociales más afectadas por la crisis del sistema financiero iniciada en 2008, también tiene la misión de evitar que el incremento del desempleo por el cese de la actividad genere que se disparen los niveles de exclusión en el país.
Ingreso mínimo vital como derecho fundamental
El gobierno se ha esforzado por presentar el IMV como un derecho social, en lugar de como un mecanismo de emergencia o como una ayuda. Algo muy importante, dado el rechazo presentado por los sectores de derecha conservadora y reaccionaria en el país, enormemente beligerantes contra la acción de un gobierno que en apenas unos meses de existencia se ha visto obligado a gestionar una crisis epidémica como no se veía en muchas décadas.
Los argumentos presentados por las fuerzas que rechazan el IMV vienen marcados por una posición ideológica clara, que plantea que cualquier ayuda para evitar el desamparo fomenta la vagancia. Junto a este argumento marcadamente discriminatorio, cuestionan la viabilidad de que el Estado asuma el gasto que supone brindar estas ayudas.
En la batalla ideológica se presentan las experiencias de otros países con Estado de bienestar como una muestra de que son infundados los temores de una proliferación de desocupados amparados en la renta básica. España es, de hecho, el último país en estado crítico de la Unión Europea que introduce esta renta en su legislación. Ante el segundo argumento, basta con mostrar el presupuesto del gobierno. La incorporación del IMV supondrá, según los cálculos del Ejecutivo, un gasto anual cercano a los 3000 millones de euros, menos de un 1% de los presupuestos anuales.
Frente al temor a que su introducción haga tambalearse el sistema de Seguridad Social presente en España, un mecanismo de jubilación público que ha permitido a los pensionistas resistir, a pesar de las amenazas de desmantelamiento que suscitaron la políticas de los gobiernos conservadores del Partido Popular entre 2011 y 2018, el gobierno ha expuesto que el gasto no corresponderá a este sistema autofinanciado mediante las contribuciones directas de los trabajadores, sino de partidas presupuestarias extraídas de la recaudación fiscal del Estado.
Para su sostenimiento a largo plazo, el ejecutivo cuenta con otra de las medidas acordadas por Unidas Podemos y el PSOE: una reforma fiscal que impulse la progresividad en un país en el que la anterior crisis aumentó de manera drástica las diferencias económicas entre las clases más altas y las más bajas.
Características de esta renta
El Ingreso Mínimo Vital garantizará 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola, y aumentara 139 euros por persona hasta un máximo de 1015 euros al mes para las unidades familiares. Para las madres y los padres solteros añadirá un complemento de 100€. Todo este despliegue beneficiará a 850 mil hogares, con 2.300.000 personas. La normativa establece además una serie de segmentos de población de especial vulnerabilidad que podrán acceder al IMV: familias que se encuentren en estado de vulnerabilidad y adultos que vivan solos y tengan entre 21 años y menos de 35 años, además en acuerdo con el Ministerio de Igualdad también se beneficiarán a las víctimas de trata, explotación sexual y violencia de género. Podrán acogerse a este ingreso los españoles y los inmigrantes con permiso de residencia que lleven en España un año al menos.
Uno de los factores más relevantes de la IMV es que no sustituye a las rentas establecidas por las distintas administraciones autonómicas, siendo compatible de hecho con otros ingresos del tipo.
Aunque es un gran avance en aprobación de derechos sociales después de la crisis del 2008, aún quedan deberes pendientes en una sociedad con creciente desigualdad. Amplias capas de la población, especialmente vulnerables quedan fuera de la medida, como los migrantes en situación irregular, personas sin hogar, solicitantes de asilo y aquellas personas con discapacidades reconocidas que no pueden trabajar.
Formaciones políticas y movimientos sociales plantean la necesidad de impulsar una renta básica más justa y equitativa para todos los ciudadanos, que permita alcanzar los niveles de equivalencia con el salario mínimo legal interprofesional aprobado a inicios de este año en 950€ mensuales. Sin embargo, reconocen el avance que supone. Tras más de una década de desamparo, las clases trabajadoras del país por primera vez ven una medida que no se dirige a que asuman el coste de una economía en permanente crisis.