Yuveli Maritza Muñoz Pardo
Abogada colombiana.
Responsable de la Secretaría de Migraciones del PCE
Panorama global del fenómeno migratorio
Cualquier aproximación hacia el fenómeno migratorio debe partir de la pre- misa de que se trata de un fenómeno estructural atravesado por, y que a su vez atraviesa, múltiples factores sociales, económicos, políticos y cultura- les. Es, asimismo, un fenómeno general en el cual participan personas de todo tipo de condición, estatus u origen social. No en vano, la definición de migración asumida por la Organización Internacional para las Migraciones, adscrita a Naciones Unidas, es tan sumamente amplia como cualquier «movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual».1
Actualmente se calcula un número total 244 millones de personas mi- grantes a nivel mundial, lo que se traduce en un 3,3% de la población global.2 La realidad del fenómeno migratorio difiere enormemente entre distintas re- giones y países del globo.
Desde el punto de vista socioeconómico, la migración ha demostrado ser un fenómeno positivo en todos los estudios de impacto serios realizados hasta la fecha. El impacto económico global de los movimientos de población resulta positivo, contribuyendo decisivamente al crecimiento de la economía mundial al tiempo que, en principio, ofrece la oportunidad de mejorar su situación vi- tal, afectada por una gran cantidad de posibles factores como la imposibilidad de contar con un trabajo, la amenaza a la propia vida por conflictos o persecución e, incluso, en la actualidad de forma reconocida a nivel internacional, por los efectos del cambio climático.3 Los principales beneficiarios de este impacto económico positivo resultan ser los países acogedores de población. Un volumen considerablemente mayoritario de las personas que migran internacionalmente lo realizan en edad de trabajar.4 Asimismo, el principal motivo que impulsa a la migración internacional continúa siendo la voluntad de mejorar sus oportunidades laborales y, por tanto, sus condiciones de vida, en lo que se define como migración laboral.
Este factor del fenómeno migratorio condiciona una serie de impactos en la economía del país receptor. Se da un incremento del volumen de perso- nas con edad de trabajar y, por lo tanto, un impacto directo en el volumen de población activa, una mitigación de los efectos negativos del envejecimiento de la población así como un incremento del consumo.
A pesar de estas características generalizables en el fenómeno migratorio a nivel mundial, la realidad no es en absoluto idílica. Las personas inmigrantes se enfrentan globalmente a situaciones de desamparo que las sitúa como un núcleo de población con una elevada vulnerabilidad y alto riesgo de exclusión. Las dificultades para regularizar su situación en los países de acogida y la irregularidad documental conducen con suma facilidad a situaciones de abusos e indefensión laboral. En muchos casos, la necesidad de mantener un puesto de empleo para mantener los permisos de estancia y residencia conducen a las personas migrantes a asumir puestos de empleo en muy malas condiciones, sueldos bajos y escasa capacidad de reivindicación laboral ante el riesgo permanente de pérdida de empleo. En otras ocasiones, la imposibilidad de contar con un puesto de trabajo en condiciones legales empuja los inmigrantes a asumir puestos de empleo en la economía sumergida e, incluso, en actividades ilícitas. Por último, la creciente extensión de discursos de criminalización y rechazo a la población migrante, un fenómeno de marcado y preocupante crecimiento a nivel global, incrementa las dificultades de convivencia, provocando serios conflictos sociales.
Fenómeno migratorio en España y realidad del entorno laboral
España ha venido siendo durante las últimas décadas un país con importan- tes flujos migratorios caracterizados por bruscos cambios de tendencia en función del contexto socioeconómico que atravesaba el país. Desde principios de la década de dos mil, una coyuntura económica favorable, marcada por oportunidades de empleo, tornó a España en un importante destino de población inmigrante, pasando de suponer apenas un 2,3% de la población en 1999, con menos de un millón de residentes extranjeros, a un 12,2% de la población, con más de 5.700.000 habitantes extranjeros en el año 2011. Desde entonces, el empeoramiento de todos los indicadores económicos y, sobre todo, el in- cremento exponencial del desempleo condujeron a una marcada reducción de la población de origen extranjero hasta el año 2018, que se tradujo en la pérdida de cerca de 1.300.000 habitantes extranjeros, reduciéndose el porcentaje de población inmigrante a un 9,8%.5
La principal causa de la llegada de inmigrantes al país es la migración laboral, seguida de cerca por el fenómeno de turismo residencial o migración de jubilados (que supone casi un 30% del número total de residentes extranjeros en el país,6 un fenómeno interesante pero que no es el objeto de este artículo) y, en tercer lugar, el asilo político o refugio. Esta población inmigrante por causas laborales se enfrenta a una realidad determinada por la legislación vigente, la realidad laboral y económica del país, así como por otros factores personales como la edad, el origen cultural (que establece marcadas barreras de acceso a determinados núcleos de población a sectores laborales), la formación académica o el sexo.
El principal elemento que condiciona la realidad sociolaboral de la po- blación inmigrante en España es el legislativo, traducido en la «Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa- ña y su integración social»7 (conocida popularmente como «ley de extranjería») y su desarrollo normativo. Este configura un sistema que dificulta la llegada por cauces legales a inmigrantes laborales, pero facilita su regulación a través de la obtención de un empleo. El modelo empuja a la población inmigrante a tender a la aceptación de puestos de empleo en malas condiciones, empuja- dos por el riesgo de caer en una situación de estancia irregular que motive su expulsión por las autoridades.
Esta realidad constituye una grave vulneración de los derechos funda- mentales del colectivo migrante, que se traduce en que España se sitúa como el país con mayor porcentaje de trabajadores inmigrantes en riesgo de pobreza de toda Europa con un 51% de la población extranjera en riesgo de pobreza, cifra que se eleva al 56% entre la población extracomunitaria, según la tasa AROPE (At Risk of Poverty and/or exclusion). Esta realidad ha venido condicionada y agravada por un incremento del riesgo de exclusión general entre la población de España durante los años más graves de la crisis económica que, asimismo, condicionó un importante fenómeno de emigración de población española a otros países.
Junto al elemento legislativo encontramos la estructura y realidad labo- ral del país. En unas circunstancias de elevado nivel de desempleo, la tasa de ocupación de la población inmigrante está por debajo de la población espa- ñola. Siendo la población activa extranjera un 16,5% del total, tan solo un 15% del total de ocupados son extranjeros. Sin embargo, la tasa de ocupación de la población inmigrante a la hora de ocupar puestos de trabajo en sectores de baja cualificación es superior a la española. Frente a un 36% de la población española que tiene oportunidad de acceder a cargos directivos y promociones, tan solo el 18% de la población inmigrante o de origen extranjero puede acceder a este tipo de cargos, como sucede en el caso del sector industrial, que brinda mejor estabilidad laboral y son puestos ocupados mayormente por la población española.
El desempleo golpea especialmente a la población migrante y, dentro de esta población, a las mujeres y los jóvenes. En su mayoría son procedentes de América Latina, países de fuera de la Unión Europea y los de doble nacionalidad. En los últimos años se ha demostrado que la tasa de desempleo para la población inmigrante se ha reducido; sin embargo, para el último trimestre del 2019 ha crecido tanto el número de ocupados como el número de parados, aumentando el número de ocupados para la población española y quedando la población migrante cinco puntos de tasa de desempleo por encima de la española.11 El sistema dispuesto por la ley de extranjería, antes mencionada, y su condicionamiento a aceptar condiciones laborales precarias perjudica con especial dureza a las mujeres migrantes, que cuentan con una tasa de desempleo superior a la de la población femenina laboral autóctona.
La situación de la mujer migrante en España
El rostro de la precariedad laboral en este país es el rostro de la mujer migran- te. Se demuestra en el nivel de precariedad, en los bajos ingresos y en la inestabilidad laboral. Fenómenos como la denominada uberización de la economía afectan con mayor dureza a las comunidades migrantes, sometidas en muchos sectores a una etnización del mercado laboral. En estas condiciones, las reivin- dicaciones de derechos fundamentales como la conciliación o el cumplimien- to de los niveles salariales se hacen mucho más difíciles.
A las mujeres inmigrantes, por el solo hecho de ser mujeres, se las relacio- na con el rol de cuidadoras. Esto nos circunscribe en muchos casos a un mercado laboral limitado, con sectores predominantes como el servicio doméstico, la limpieza o la hostelería. En muchos casos se accede a otro tipo de trabajos no deseados como el de trabajadoras sexuales, debido a que los estereotipos nos relacionan más con este último sector.
Podemos centrarnos en una de las salidas laborales más habituales en estos últimos tiempos para el conjunto de mujeres migrantes, sea cual sea su formación académica o experiencia laboral en su país de origen: el servicio doméstico. Se trata de un trabajo perteneciente al sector servicios, pero desarrollado principalmente a través de un trabajo físico. Cuenta con un bajo prestigio social, con alta incidencia de la economía sumergida, bajos salarios y bajas posibilidades de promoción personal y profesional. Dada la distribución de los centros de trabajo, cuenta además con difíciles posibilidades de organización sindical, un impedimento que se agrava en los casos en que sus empleadores no son empresas privadas, sino particulares o familias que buscan cubrir necesidades domésticas o de cuidados.
Como resultado, en este tipo de trabajo se presenta una falta de regu- lación y control por parte de servicios de inspección de trabajo que propicia abusos en la contratación. Para el caso de las mujeres inmigrantes que se en- cuentran en situación irregular, este tipo de empleo es una demanda de obra barata que las beneficia por su rápido y fácil acceso, pero que a su vez las hace enfrentar la gran dificultad de que quedan en manos del empleador la posibi- lidad de que accedan sí o no a la regulación ciudadana y la garantía de perma- nencia en el Estado español. Sin olvidar el paso por el chantaje de la amenaza de expulsión del país si no cumplen con lo que el empleador les dice. En oca- siones sucesos tan graves como agresiones sexuales quedan impunes ante esta indefensión legal.
Muchos de estos problemas pueden hacerse extensivos a la hostelería o la agricultura. El incumplimiento sistemático de normativas, leyes y estatutos laborales, los infrasalarios, la ausencia de remuneración de horas extra, cuan- do no el trabajo no declarado, se extienden. El riesgo de perder el puesto de empleo evita que se denuncien estos agravios. En el caso de las personas en situación administrativa irregular que se encuentran en condiciones más indefensas y vulnerables, el querer denunciar supone un factor añadido de riesgo, ya que no solo perderían su puesto de trabajo, sino que perderían su garantía de permanencia o residencia en este país.
La voluntad institucional de solucionar estos problemas ha sido escasa. España es un país que no brinda una política de acogida adecuada, ya que no facilita información precisa para el acceso a los servicios sociales ni brinda los recursos necesarios y suficientes para el sostenimiento, acomodamiento y pro- tección de la población migrante.
Es importante señalar que España ha firmado varios acuerdos, tratados y convenios internacionales en materia migratoria que, a día de hoy, no ha cumplido eficazmente. Entre ellos el Acuerdo 2030 de Naciones Unidas que, entre sus diecisiete Objetivos para el Desarrollo Sostenible, reconoce por primera vez la contribución de la migración al desarrollo sostenible marcando como prioridad el «no dejar a nadie atrás», instando a facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regulada mediante políticas migratorias planificadas y bien gestionadas; protegiendo los derechos laborales de las personas migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios; y promover sociedades justas, pacificas e igualitarias contribuyendo a la creación de instituciones efectivas y responsables en todos los niveles. Pasos en los que España se ha quedado muy corta en estos últimos tres años.
Por todo lo anterior, se demanda a las instituciones y al Gobierno español compromisos más firmes y el cumplimiento de los acuerdos internacionales, exigiéndole derogar normativas institucionales como la ley de extranjería y la «directiva de la vergüenza»; defensa de los derechos y libertades de las personas migrantes; medidas más efectivas para las solicitudes de asilo; mejora de condiciones laborales; erradicación y vigilancia de cualquier situación irregular, brindando facilidades a la mujer migrante de acceder al mercado laboral en condiciones igualitarias; y la creación de programas que orienten para facilitar la inserción social de las personas migrantes.
Reivindicación laboral y sindicación entre la población migrante
A la situación de precariedad y vulneración de los derechos laborales se unen las dificultades para articular una reivindicación laboral. A pesar de que, tal y como señalan los informes de la OIT, los sindicatos han incorporado mecanismos de representación y solidaridad con los trabajadores migrantes, continúan existiendo serias barreras de acceso, una acción limitada en los problemas laborales específicos de la población migrante, miedo a represalias laborales por actividad sindical y una percepción extendida de ausencia de resolución de problemas y conflictos laborales individuales, que conducen a una muy baja sindicación entre los trabajadores inmigrantes en España.12
A pesar de las dificultades, contamos con ejemplos de reivindicación y lucha por los derechos laborales. Durante todos estos años, es de destacar el crecimiento de la reivindicación y la lucha entre las empleadas de servicio do- méstico, «kellys», así como una incipiente organización entre las jornaleras en el sector agrario. Estos colectivos han venido exigiendo cambios legislativos y ratificaciones por parte del Estado español para que se garanticen todos los derechos laborales y se reconozcan todas las prestaciones sociales básicas y generales, promoviendo equiparaciones legislativas para todos los trabajado- res en búsqueda de un acceso a un mercado laboral en condiciones dignas e igualitarias, tanto en regulación de estatus legal como de género.
Conclusiones
De todo lo visto hasta el momento podemos extraer una serie de conclusiones:
- A pesar de la percepción y la extensión del discurso que confieren al fe- nómeno migratorio una connotación negativa, los efectos globales de la migración resultan en conjunto positivos para los países Esto no se traduce en una mejora de las condiciones para la población migran- te que, aun así, ve atacados sus derechos fundamentales en numerosos ámbitos, incluido el laboral.
- En España la legislación y su desarrollo normativo condicionan un entor- no que facilita la precarización y la inestabilidad de la población trabaja- dora inmigrante, favoreciendo su precarización y provocando riesgos de exclusión. Se torna fundamental promover y reivindicar un cambio en la legislación que cambie y solvente dicha dinámica.
- De entre los colectivos migrantes que ven vulnerados sus derechos y que- dan expuestos a riesgo de exclusión destacan las
- A la precariedad y la vulnerabilidad se suma un importante nivel de inde- fensión de los trabajadores Ante esta situación, es fundamental que se impulse la reivindicación laboral. Los sindicatos tienen que jugar un importante papel en este punto.
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