Anabel Segado Sújar

Secretaría de Movimiento Obrero y de Vivienda del PCE.

Abogada en Activa-T Red de abogad@s

 

En la noche del 24 de enero de 1977, los coletazos más sangrientos de un régimen fascista como el franquista segaban la vida de abogados laboralistas militantes del PCE y de las Comisiones Obreras, por aquel entonces aún organizaciones «ilegales».

En 1990 se respaldó la tesis de que al menos un miembro de «Gladio», una red clandestina anticomunista dirigida por la CIA, había participado en la ma- sacre de Atocha. Un despacho en el que lo que ocurría era, ni más ni menos, que la clase trabajadora se organizaba para romper los cimientos del régimen franquista con algunas de las herramientas del propio régimen, poniendo en jaque a un sector que llegó a llamarse la mafia franquista del transporte.

Conviene dar el salto desde este trágico anuncio del «final» del régimen franquista hasta su inicio, pues la derrota de la Segunda República trajo consigo una brutal represión del sindicalismo de clase: las organizaciones sindicales fueron disueltas, se incautaron sus locales, sus militantes fueron perseguidos y la huelga pasó a considerarse delito de sedición. En 1940 se creó el Centro Nacional Sindicalista sobre la base de la represión. La OSE (Organización Sin- dical Española), más conocido como «sindicato vertical», funcionó desde 1940 a 1977, una vez decretada la «abolición de la lucha de clases». Fue la estructu- ra por la cual el Estado fascista reguló a conveniencia el mercado de trabajo y las relaciones laborales.

El 1 de mayo, declarado Día del Trabajo y fiesta nacional por la segunda república desde 1931, fue abolido por Franco y reconvertido en día de celebración eucarística como San José Obrero desde 1956. A partir de 1960, en nuestro país se sucedían, cada año, detenciones «preventivas» antes del 30 de abril y hasta después del 1 de mayo de destacados dirigentes obreros para impedir acciones de reivindicación y organización de los trabajadores en dicha fecha.

Las centrales sindicales se legalizaron en abril de 1977, después de los parti- dos políticos. Previamente, el régimen y otros agentes siguieron haciendo todo lo posible por dividir a las y los trabajadores y «abortar el proceso sindicalista constituyente». Pese a ello, la unidad sindical se recompuso circunstancialmente con la huelga general del 12 de noviembre de 1977 por la amnistía y las libertades.

Si hacemos un recorrido por los titulares de periódicos en los poco más de cuarenta años de historia del movimiento obrero tras el franquismo, podemos seguir el hilo de sus fortalezas, sufrimientos y debilidades y del papel que, a través de los medios, el régimen del 78 ha querido otorgarle con mayor o menor éxito.

  • 1 de mayo de 1977: tres heridos graves, cien de diversa consideración y centenares de No se permitieron los actos sindicales ni los mítines en las grandes ciudades. Madrid se vistió de gris, el color de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
  • 1 de mayo de 1987: los sindicalistas celebran el 1º de Mayo bajo el signo de la división.
  • 1 de mayo de 1997: CC OO gana las elecciones sindicales. UGT denuncia a Huarte por despedir a quince miembros del Comité de Empresa.
  • 1 de mayo de 2007: detenidos «caso Malaya»; Venezuela toma el con- trol de la mayor bolsa mundial de petróleo; retenciones por el final del puente; la marcha del o de Mayo en Estambul termina con novecientos detenidos; cierre de Delphi en Cádiz; Le Pen pide la abstención masiva para la segunda vuelta de las presidenciales francesas; tres de cada cuatro españoles están dispuestos a ganar menos a cambio de más tiempo libre; batalla campal con veinte heridos en Malasaña.
  • 1 de mayo de 2017: un artículo de reconocimiento a las reivindicaciones de la clase obrera; los pactos de pensiones y sueldos, tareas pen- dientes del Día del Trabajo; radiografía del mercado laboral; exculpados tres vecinos de Alcorcón por desórdenes en la huelga general de

También estos cuarenta años arrojan datos si seguimos la estela del ejercicio del derecho de huelga (insistimos, prohibido y calificado como delito de sedi- ción por el franquismo), su regulación y puesta en práctica, su represión y ter- giversación, hasta llegar a encontrarnos con más de trescientos sindicalistas encausados y con una lucha que lleva por lema «Huelga no es delito».

Desde aquella huelga histórica del 5 de octubre de 1934, o la huelga del 18 al 23 de julio de 1936 contra el alzamiento fascista, el movimiento obrero ha hecho uso de esta herramienta en todos los períodos políticos y con el bipartidismo como telón de fondo, desde la primera huelga de 24 horas que se registra como tal, el 20 de junio de 1985, contra la reforma de las pensiones y que supuso la dimisión del entonces ministro Boyer, sin la participación de UGT.

A partir de ahí, la huelga general con mayor seguimiento de la historia, ya sí secundada por todos los sindicatos, contra la reforma laboral del Gobier- no de Felipe González, que cortó hasta RTVE y consiguió que el Gobierno re- tirara el plan de empleo juvenil y subiera el gasto social: la huelga del 28 de mayo de 1992 (12 horas), con la reforma del subsidio de desempleo; o la del 27 de enero de 1994, contra los llamados «contratos basura» propuestos en una nueva reforma laboral.

Habrá que esperar al 2002 y 2003, con el Gobierno de Aznar, para volver a vivir una huelga general contra la reforma del desempleo de Aznar, el cono- cido como «decretazo» y que años después fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional; o el 10 de abril de 2003, contra la guerra de Irak, convocada por UGT y una parte de las federaciones de CC OO.

Siguieron tiempos de concertación y relativa paz social, de supuesta bonanza económica. La sociedad parecía saber desenvolverse con unos márgenes de desempleo y exclusión social «asumibles», el sistema se negaba a evidenciar que el euro suponía una elevación del coste de vida y de la cesta básica, e inyectaba crédito por doquier para aumentar el consumo privado y particular como modo de dotar a la mayoría social de bienes y derechos básicos; el mundo financiero y sus voceros negaban la burbuja inmobiliaria que el boom de la construcción y del turismo desaforado (amén de otros factores no nacionales) iban a provocar. Hasta que la crisis, mil y una veces negada, no pudo ser tapada. El 29 de septiembre de 2010 vuelve a convocarse una huelga general contra la reforma laboral, la reducción salarial decretada para el sector público y la congelación de las pensiones. Casi cuatro meses después, el 27 de enero de 2011, algunos sindicatos de implantación fundamentalmente territorial convocan una huelga de 24 horas en Catalunya, Galicia, Euskadi y Navarra, con manifestaciones en el resto del Estado, nuevamente contra la enésima reforma de las pensiones. Aún faltaba más de un año para asistir a la séptima reforma laboral desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, que nos llevaría a otra huelga general el 29 de marzo de 2012. Y, por fin, la que es considerada la primera huelga general internacional del siglo XXI y la primera europea, contra las políticas de ajuste que a los países de la cuenca mediterránea, del sur, venían a castigarnos despiadadamente y que han tenido tan graves consecuencias en nuestras sociedades: España, Portugal, Italia, Grecia, Chipre y Malta paraban y salían a las calles a mostrar su rechazo.

No es solo el movimiento obrero el que se ve impelido a retomar la lucha en su máxima expresión. Numerosos movimientos sociales surgen y se organizan en los últimos diez años ante el constante y exponencial ataque a derechos que creíamos consolidados: los movimientos por el derecho a la vivienda, la sanidad pública, la educación pública, las pensiones dignas, crecen y se multiplican. Por desgracia, pero como reacción «lógica» en el actual esta- do de cosas, la represión aumenta y se ceba: un Estado incapaz de velar por los derechos reconocidos de la mayoría social, por el contrario, servidor de legitimidad formal a los ataques del sistema económico neoliberal global, utiliza su fortaleza no como Estado social y democrático de derecho, sino como Estado represor, poniendo al servicio del neoliberalismo toda su capacidad coercitiva. Reformas legales a medida para la represión de las nuevas expresiones de lucha, en defensa del derecho al empleo digno, a la vivienda, a la educación, a la sanidad, a las pensiones y la protección social digna; interpretación torticera de delitos establecidos para proteger a los sectores que precisaban de protección y no de más agresión; ataques contra el derecho fundamental de huelga, que se traduce como decíamos en más de trescientos sindicalistas encausa- dos en los últimos años; el caso más paradigmático el de «los ocho de Airbus», que llegó a conocerse como «el proceso 1.001 de la democracia». En definitiva, expresiones todas ellas de la lucha por la defensa de los derechos que conforman el día a día de la clase trabajadora, de las necesidades básicas para el desarrollo integral del ser humano, de una sociedad solidaria, equilibrada, en la que nadie esté condenado a la pobreza y a la exclusión social.

Y asistimos también a la gran novedad (no por inexistente históricamente) del auge y grado de extensión y concienciación que cobra el movimiento

El lema «Patriarcado y capital, alianza criminal» sitúa esa interacción entre la perspectiva de género y la perspectiva de clase en el eje central de la lucha feminista. Ambas perspectivas son las que nos están permitiendo caracterizar los pilares del sistema, los pilares de esa doble explotación que sufrimos las mujeres, la inmensa mayoría en esa doble condición de mujeres y trabajadoras. La perspectiva de clase es la que nos ayuda a entender las causas que provocan unas consecuencias de explotación al conjunto de la clase trabajadora, jóvenes, mayores, hombres y mujeres. La alarmante y creciente precariedad no es otra cosa que el aumento de las cotas de explotación a la que nos van sometiendo, en esa búsqueda incesante de obtención del mayor beneficio posible en el menor tiempo posible.

Y esto tiene una traducción concreta en nuestro día a día: salarios cada vez más bajos, frente al encarecimiento de las necesidades básicas; privatización de servicios públicos, como la educación, la sanidad o los servicios sociales, que impide el desarrollo de lo colectivo y ponen en jaque los cuidados básicos para una vida digna individual y colectiva; condiciones laborales más cercanas a la esclavitud que a un marco de protección de derechos colectivos e individuales; prestaciones sociales y sistema público de pensiones que, en lugar de desarrollarse en consonancia con las necesidades, se ve recortado y dificultado su acceso precisamente cuando es más necesario; torpedeo a la negociación colectiva y, por tanto, a nuestras herramientas de intervención y fortaleza.

En definitiva, el aumento de la pobreza hasta el punto de que el riesgo a la misma en nuestro país ya no depende solo de no tener acceso a un empleo, sino de en qué sector lo tenemos o en qué barrio vivimos. Y, desde luego, con no ponernos enfermas, cuando el riesgo de enfermedades comunes y profesionales se está multiplicando.

Y ahora miremos todas esas consecuencias desde la perspectiva de género: en qué condiciones se nos permite el acceso al empleo, en qué condiciones desarrollamos nuestra vida laboral, en qué condiciones salimos de ella y en qué condiciones se encuentran nuestras mayores. No solo tenemos peores empleos. Tenemos mayor riesgo a padecer enfermedades. Tenemos más trabajo por cargar sobre nosotras los trabajos de reproducción y cuidados. Tenemos mayor riesgo a padecer enfermedades. Y el sistema además no le reconoce el valor a esto último, que es precisamente lo que sustenta que el mundo cada día se levante y funcione.

La pobreza es una realidad que afecta a cada vez más gente y su feminización objetivamente está siendo consustancial. Afecta en mayor grado a las personas migrantes y más aún a las mujeres migrantes: todas ellas también forman parte del movimiento obrero y del movimiento feminista. La globalización supone también para nosotras el reto de globalizar el pensamiento y la  búsqueda de alternativas desde lo concreto, pero sin perder de vista objetivos a medio y largo plazo.

Por tanto, llegados a este punto, hay otro elemento que constituye el tercer pilar sobre el que se sustenta el sistema y lo caracteriza: el carácter depredador del sistema capitalista, que esquilma los recursos naturales finitos sin capacidad de reposición, pero aún peor, mediante procesos que inciden violentamente en el proceso natural del ecosistema. Las consecuencias no son visibles desde ayer, llevan muchos años avisando, pero afectando, como siempre, a los parias, a los más pobres, a los desposeídos y, por tanto, sirviendo a otros intereses. De esto nos habla el movimiento ecologista; otra cosa es el grado de escucha.

Pero es objetivo señalar que está ya afectando a toda la humanidad, y que cabe calificar de psicópata a un sistema que no solo carece de empatía con la humanidad, sino que es capaz de persistir en el daño aunque lleve inexorable- mente a su propio fin. El incumplimiento sistemático de los acuerdos alcanza- dos en estas últimas décadas por las principales potencias solo se ve superado en el discurso «negacionista», que vuelve a ser liderado por supuestas fuerzas políticas de nuevo cuño y que, evidentemente, no son tal.

En palabras de Julio Anguita, «la disyuntiva a la que se enfrenta la humanidad entre un capitalismo depredador, patriarcal y antisocial, y un futuro de vida digna en igualdad» nos obliga a asumir que no es suficiente con el reto de analizar la realidad y sus causas, sino de construir un modelo alternativo.

No basta con la intervención teórica; es necesaria una intervención práctica. Los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, los partidos políticos que se reclaman transformadores tienen ese gran reto. Las personas que desarrollamos cualquier actividad en cualquier ámbito de la sociedad tenemos ese reto. Y el reto es amplio, porque ese capitalismo que hemos caracteriza- do lo es a nivel mundial; la explotación económica, política y social se desenvuelve en el sistema mundo, con graves consecuencias para personas, países y unos territorios completos frente a otros.

En los últimos cuarenta años, y especialmente en los últimos diez, hemos sufrido crisis política, de legitimidad, de valores democráticos y de derechos económicos y sociales. La especulación financiera frente a la producción (no digamos ya la reproducción), puesta al servicio del sempiterno objetivo del capitalismo de búsqueda del mayor beneficio posible en el menor tiempo posible, es igual a recortes de lo público, construido débilmente aún, para trasladar actividades y beneficios a manos privadas; el expolio de derechos sociales, colectivos e individuales para hacer negocio con los derechos humanos; el empobrecimiento y expulsión de cada vez más trabajadores del propio sistema, es decir, enviados a la exclusión social; la represión de la contestación social que conlleva la crisis de derechos y libertades, crisis política, crisis institucional, crisis territorial; represión de los movimientos sociales, de sus espacios de organización, de sus organizaciones y de sus miembros individuales.

Tres conclusiones, a mi juicio, podemos extraer desde aquel 24 de enero de 1977 hasta la actualidad:

  • La primera, que la represión violenta explícita y máxima ha sido ejercida por el régimen, el Estado en su poder y en sus cloacas, impregnados de cuarenta años de A mayor nivel de crisis, de impugnación del orden existente, de puntos de inflexión entre lo agotado y la construcción de lo que está por venir, de fortaleza de los movimientos impugnan- tes, mayor riesgo de episodios de violencia. Y lecciones de cómo gestionar esos episodios tenemos por doquier en la historia del movimiento obrero.
  • La segunda, que la represión formal se agudiza cuanto mayor es la fuerza formal de la derecha y, por tanto, mayor es el nivel de retroceso de derechos y garantías de la clase obrera, y no responde a reproducción «natural» sino planificada; responde a objetivos diseñados y a decisiones políticas de un orden estatal y mundial determinado y no «determinante». Y cuanto mayor es la fortaleza de la izquierda, en el ámbito institucional y en la capacidad de organización de la sociedad civil en todos sus niveles, mayor es su capacidad de bloquear esa represión
  • La tercera, que la represión y violencia silenciosa y fáctica en el día a día de la clase trabajadora siempre existe y existirá en este sistema, y su grado aumenta inexorablemente si eres mujer, si eres migrante, si eres parte de cualquier colectivo que te haga ser a los ojos y manos del sistema más frágil.

Frente a esto, solidaridad y unidad de decirlo, defenderlo y construirlo. Ese es el gran reto de construcción de una herramienta que sea útil para el gran reto de clase: la construcción colectiva de un nuevo modelo en todos los órdenes que asegure la salvación del planeta y de la humanidad y una vida digna de ser vivida por todas. Serán precisos nuevos parámetros en todos los ámbitos, incluido y necesariamente en el cultural.

Y como por algún lado hay que empezar e implementar los retos, en este momento y coyuntura, es fundamental un plan de recuperación de derechos arrebatados, construido por el mayor número de movimientos posible, en el que el movimiento obrero, el movimiento feminista y el movimiento ecologista no pueden faltar ni soltarse la mano.

Ese plan debe incluir entre sus objetivos el de concienciación, individual, pero sobre todo colectiva, que implique el reconocimiento mutuo de todos los movimientos históricos y recientes que han construido conciencia en la lucha llevada a cabo. Esto pasa por superar la mediocridad en la que todas hemos podido caer, de pensar que hay que disputar espacios entre nosotras frente a la construcción de espacios comunes. El ejercicio de crítica y autocrítica, también, y cómo no, por su trascendencia histórica, del movimiento obrero y sus organizaciones sindicales, que implique el reconocimiento de los mayores errores cometidos sin poner en cuestión sus aciertos y la necesidad incuestionable de su existencia. Y seguir construyendo desde lecciones aprendidas:

  • Ningún derecho ha sido nunca regalado ni es concesión de ningún sujeto individualmente considerado ni por decisión unilateral
  • Ningún derecho está nunca garantizado salvo por su ejercicio permanente, real y efectivo
  • Ningún pacto debe ser olvidado. Ningún acuerdo es eterno.

Creer que está garantizado lo que no seamos capaces de exigir y garantizar que se cumpla y ser siempre actores de ese proceso es un error, por mucho que las condiciones objetivas aparenten, hasta con razón, lo contrario.

Luchar, crear, poder popular. Con todo. Con todas. Con el conjunto de la clase obrera. Nativa o extranjera. Quienes se hacen preguntas, quienes tienen respuestas, quien simplemente siente en su piel que algo no va bien. 


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