Tras la intervención del Banco Popular por la Junta Única de Resolución y la incautación de sus ahorros a más de 300.000 pequeños accionistas, a más de 300.000 familias, éstas no se han quedado quietas y se han unido para reclamar ante la Justicia lo que con nocturnidad y alevosía se les arrebató el día 7 de junio. Cada uno ha ido por un lado pero, al ser accionistas minoritarios y haberse quedado sin una parte importante de su dinero, se han visto obligados a unirse en diferentes plataformas para la presentación de demandas colectivas.
En estas demandas que se han interpuesto o se van a interponer hay una gran diversidad de estrategias. Unas van contra la Junta Única de Resolución, otras contra el FROB o contra los antiguos directivos del Popular. También los hay que van a reclamar por la vía civil la devolución del dinero incautado a los accionistas. Sin embargo, ¿por qué ninguna va contra el Santander que, al fin y al cabo, es el responsable solidario de la operación tras haber comprado a la sexta entidad de España?
Quienes quieran interponer recursos contra la decisión de la JUR o contra el FROB sólo tienen hasta el día 7 de agosto para hacerlo. El plazo se va acabando. Ya hemos informado de los que han interpuesto el bufete Navas&Cusí que trajo como consecuencia que las autoridades europeas solicitaran una reunión urgente. También son notorios los presentados por la OCU y por ADICAE contra el FROB, de los que también hemos informado en Sabemos, y que han sido admitidos a trámite por la Audiencia Nacional. Por otra parte, ADICAE también ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la Junta Única de Resolución. La propia reacción de las autoridades judiciales ante estos recursos y demandas ya demuestra que toda la operación que terminó el día 7 de junio con la compra del Popular por el Santander por un euro tiene demasiados puntos oscuros o que rozan la ilegalidad, cuando no se superara la línea entre lo correcto y lo condenable.
La propia Audiencia Nacional, ante el elevado número de demandas o de recursos, y tras la admisión a trámite el recurso de OCU y de ADICAE, se está planteando muy seriamente anular la operación de compra del Popular por parte del Santander porque los argumentos jurídicos planteados por quienes dirigen tanto las demandas como los recursos son de una solidez legal tan grande y demuestran tan a las claras cómo se hundió a la sexta entidad financiera de España para regalársela a la primera, cómo se utilizaron elementos y estrategias contrarias a la ley, cómo se está ocultando información que demostraría que la decisión tomada no se ajustaba ni a derecho ni a la realidad del banco, que no anularla sería un escándalo judicial de tal tamaño que ningún sistema judicial se podría recuperar del mismo en varias décadas. Es la Audiencia Nacional, pero también son las autoridades europeas que no dependen o tienen conexión con el BCE las que están poniendo en duda la legalidad de la operación de compra. El daño a la propia credibilidad de Europa ha sido tan grande que el empeño que se puso por parte del Gobierno de España y de las autoridades económicas de la Unión (además de la presión de grandes fondos y bancos custodios internacionales que controlan el mercado bancario mundial) para que fuera el Santander el único candidato para hacerse con el Popular ha comenzado a generar sospechas sobre la legalidad de toda la operación.
El planteamiento jurídico de quienes quieren dirigir sus demandas contra las autoridades europeas y españolas se basan, sobre todo, en el famoso informe de Deloitte que se tomó como base para adoptar la decisión de intervenir el Popular, informe que, por cierto, está embargado e inaccesible a los ciudadanos europeos cosa que atenta contra los principios que rigen la Unión Europea.
La única realidad es que hay más de 300.000 familias a las que se les quitó todo y a los que se dejó en la ruina. No hablamos de grandes potentados, de multimillonarios que han perdido la inversión que habían hecho para aumentar su patrimonio. No. Hablamos de jubilados, de trabajadores, de funcionarios, de pensionistas que tenían su pequeña inversión dedicada a completar sus salarios o sus pensiones. Como un número de afectados tan grande es normal que nos encontremos con un enjambre de colectivos que se han unido en torno a un despacho de abogados o a una asociación de consumidores que, a su vez, cuenta con los servicios de un despacho concreto. Un verdadero ejército de parias de la tierra que lucharán por recuperar lo que les hurtaron una madrugada del mes de junio: su dinero y su dignidad.
La duda que subyace ante esta avalancha de demandas, querellas, recursos, denuncias, reclamaciones y ante el tráfico de hora punta de abogados que se prevé, es la ausencia del Santander como acusado o como receptor de todas esas acciones legales. Al fin y al cabo, es el responsable solidario por haber comprado al Popular por un euro. Sin embargo, su responsabilidad va más allá que la meramente solidaria ya que quien comenzó a mover los resortes políticos, gubernamentales y europeos para poder adquirir al Popular y, de este modo, incluir en el grupo al único banco con el que podría salir del atolladero en que el Brexit y la desaceleración de las economías latinoamericanas le han metido.
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